Migraciones y desigualdades en el norte de la Patagonia: configuraciones territoriales y concentración productiva
Migrations and inequalities in northern Patagonia: territorial configurations and productive concentration
Verónica Trpin1
Fecha de recepción: 17/10/2018
Fecha de aceptación: 13/12/2018
Resumen
La región del norte de la Patagonia se ha caracterizado históricamente por el desarrollo de una dinámica económica vinculada al petróleo, a la ganadería extensiva y a la agricultura intensiva. En esta región las migraciones internacionales son un factor demográfico importante. Cabe destacar que desde fines del siglo XX, las regulaciones gubernamentales han reforzado la explotación de bienes comunes, permitiendo la concentración de los procesos de producción en esta región, basados en una lógica eficientista. El artículo analiza la persistencia de la producción hortícola desde la presencia de población de origen boliviano y su descendencia, quienes configuran territorios en el Valle Medio de la provincia de Río Negro.
Palabras clave: territorio, migraciones, horticultura.
Abstract
The Northern Patagonian region has been historically known for the development of an economic dynamic related to oil, extensive stock farming and intensive agriculture. In this region international migration is a relevant demographic factor. It should be noted that since the end of the 20th century, governmental regulations have reinforced the exploitation of common goods, enabling concentration of production processes in this region, based on an efficiency logic. This article analyzes the persistence of horticultural production from the perspective of the Bolivian population which configure productive territories in the Valle Medio area of the Río Negro province.
Keywords: territory, migrations, horticulture.
Introducción
La región del norte de la Patagonia se ha caracterizado por una dinámica económica vinculada principalmente al petróleo, a la ganadería extensiva y a la agricultura intensiva. Asimismo, desde las últimas décadas del siglo XX se ha profundizado su rol oferente de bienes comunes2, promovido por políticas estatales basadas en modelos de “desarrollo” extractivistas3 que habilitan procesos de concentración productiva y desplazamiento de pequeños productores en el agro.
En los últimos diez años, en el marco de proyectos de investigación de la Universidad Nacional del Comahue4 y de debates sostenidos en el Núcleo de Estudios Socioantropológico del IPEHCS, nos hemos propuesto dar cuenta de transformaciones en las dinámicas productivas en el norte de la Patagonia y su vinculación con la movilidad territorial de migrantes limítrofes. Cabe destacar que en esta región, las migraciones internacionales han constituido una variable demográfica relevante en el crecimiento poblacional y en las dinámicas productivas desde principios del siglo XX.
En este artículo, se analizará particularmente la presencia de población de origen boliviano y su descendencia en la configuración de territorios productivos en el área de Valle Medio de la provincia de Río Negro. La expansión de la producción de tomate para agroindustria ha consolidado la circulación de migrantes y su inserción como productores/as en una tendencia de profundización de desigualdades en los espacios agrarios regionales.
El estudio propone el abordaje de una configuración territorial que contempla, como bien indica Horacio Machado Aráoz, “las formaciones sociales que las habitan, sus formas culturales, económicas y, decisivamente, políticas, esto es, las posiciones y relaciones de poder que vinculan a actores y sectores en la dinámica conflictual de la reproducción social” (2010:4). Desde el espacio abordado, se dará cuenta de las transformaciones territoriales que tienden a promover el monocultivo y la reactualización de dinámicas extractivistas.
Cabe destacar que Río Negro se ha caracterizado por poseer en sus valles irrigados una dinámica productiva diversa. Sin embargo, diferentes estudios advierten su cambio de buena parte de su economía -históricamente destinada a la producción frutihortícola-, hacia una matriz petrolera y minera, tendencia consolidada en la vecina provincia de Neuquén. “Este avance trae como consecuencias una pérdida de tierras productivas producto tanto del uso para loteos y para la extracción, ambos problemas surgidos al calor del avance petrolero. Según los cálculos de las provincias las tierras productivas perdidas rondarían en 15.000 has.” (OPSUR, 2018:1).
Dar cuenta de dichos procesos y los actores involucrados permite instalar debates acerca de las proyecciones productivas en la región y sostener la indagación sobre las actividades alternativas a la dominancia de modelos de desarrollo extractivistas que se instalan como único horizonte posible. En el área estudiada las familias migrantes sostienen estrategias productivas en los territorios en situaciones de desigualdad frente a la consolidación de una lógica eficientista del uso de la tierra y el agua en desmedro de la producción diversa de alimentos frescos.
Para la realización de esta investigación se realizó en los últimos dos años, una sistematización de datos secundarios disponibles que permitieron la caracterización productiva del área Valle Medio de la provincia de Río Negro, identificándose aquellas actividades en las que participan migrantes de origen boliviano. Asimismo, se han relevado las políticas públicas existentes relacionadas con dichos circuitos a nivel provincial. La caracterización de los actores involucrados en la horticultura y en la agroindustria tomatera se sostuvo con la realización de trabajo de campo organizado tres veces al año en función de las tareas que se realizan en los predios productivos y en la procesadora de tomate, de modo de conocer las dinámicas laborales en cada momento y etapa de la producción. La observación etnográfica sostenida en los recorridos de 10 chacras hortícolas y las 20 entrevistas semiestructuradas realizadas a integrantes de las familias hortícolas y a personal de los niveles gerenciales de las agroindustrias, respaldan una descripción de los procesos analizados.
Territorios productivos y extractivismo en el norte de la Patagonia
El proceso de consolidación del extractivismo en América Latina lo vinculamos a lo que Aníbal Quijano señala como la relación del desarrollo con un patrón de poder – capitalista-, el cual se ha expandido en base a una percepción productivista y eficientista del territorio por parte de los estados nación modernos y de las empresas nacionales e internacionales (Trpin y Rodríguez, 2017). Según el autor, la configuración del poder que se conoce como el moderno Estado-nación ha resultado ser fundamental para el desarrollo de la sociedad capitalista en todas partes (Quijano, 2000). En la actualidad, Svampa y Viale (2014) advierten sobre cómo la ilusión desarrollista impulsada por los estados se ha reactualizado en vistas de las supuestas “ventajas comparativas” obtenidas por la capacidad de los territorios latinoamericanos de exportar naturaleza. Tal como se desarrollará, la reprimarización de la economía consolidó un modelo de despojo, de concentración de tierras y recursos y de expansión del monocultivo que desplaza la diversidad productiva (Svampa y Viale, 2014) y los conocimientos vinculados a ella, en pos de una valoración del saber técnico y de la mecanización de la mayoría de las actividades. Estos procesos han fragmentado las trayectorias laborales y productivas de, tal como desarrollaremos, las familias migrantes de origen boliviano. Se analizará cómo sólo han podido mantenerse en el circuito agroindustrial aquellos productores que poseen la disponibilidad de capital suficiente para reproducir una agricultura por contrato acompañada por una lógica eficientista del territorio.
La mirada productivista de la tierra se relaciona a la proyección civilizatoria del desarrollo como premisa motorizadora de la modernidad, cuyo antecedente en la Patagonia se ubica, por ejemplo, en la organización de la fruticultura para exportación desde principios del siglo XX y en la creación de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) en 1922. Dicha empresa junto a Gas del Estado, representó una apuesta estatal de impulso “de un paradigma de gestión y explotación de hidrocarburos” (Pérez Roig, 2014:152) que logró por décadas sostenerse en territorios cercanos a los destinados a actividades agrarias desarrolladas por pequeños productores. Cabe destacar que recientemente este esquema de “mediana convivencia” entre la explotación de petróleo y gas convencional se modificó profundamente: la ofensiva neoliberal alteró el carácter estratégico de la matriz energética del estado, y los sistemas agrarios -como la ganadería extensiva y la fruticultura en los valles irrigados- fueron perdiendo posicionamiento económico, aun cuando fueran socialmente más significativos que el petróleo en términos territoriales (Trpin, Bendini y Kreiter, 2013). Los esquemas productivos en el agro comenzaron a sufrir un repliegue ante nuevas tendencias de uso de la tierra en pos de la consolidación del fracking5, persistiendo la producción de alimentos bajo la modalidad de inversión de capital intensivo, de la concentración de la tierra desde un esquema de monocultivo, y de la estandarización productiva.
A diferencia de principios de siglo XX, en que una actividad agraria regional como la fruticultura se expandió y organizó en base al acceso a la tierra irrigada por parte de migrantes europeos y de su descendencia, en la actualidad la producción de alimentos frescos se resuelve desde el trabajo sostenido por la migración boliviana en chacras en las que se producían peras y manzanas. Dicha población propicia nuevos usos de la tierra en contextos en que la política de los estados incentiva la promoción de una matriz extractivista vinculada a la actividad hidrocarburífera, siendo una tensión las posibilidades de sostenimiento de actividades agrarias y petroleras en los espacios rurales (Álvaro et al., 2018).
En la provincia de Río Negro, son visibles los efectos sociales y ambientales de la explotación de hidrocarburos en los predios destinados a la fruticultura y horticultura6, especialmente en la zona conocida como Alto Valle del Río Negro. Tal como sostiene Álvarez Mullally: “El debate de la convivencia entre la actividad extractiva y la fruticultura está vigente. YPF se ha dado políticas para lograr consensos que permitan avanzar sin grandes problemas. Para algunos productores, la idea de convivencia y ‘fracking seguro’ les permite hacer negocios sin culpas” (2015:54).
Por su parte, el área conocida como Valle Medio, objeto de este artículo, no escapa a esta tendencia, aunque aún la exploración de hidrocarburos no ha puesto directamente en riesgo la producción frutihortícola. Sin embargo, en dicha zona sorprendió a fines del año 2015 el anuncio del gobernador sobre los inicios de la exploración por parte de YPF de lo que se conoce como Área Chelforó, sosteniendo que “tampoco es un error trabajar en zonas productivas, porque estamos demostrando como se puede producir gas y petróleo, y desarrollar de manera conjunta actividades productivas adaptando los respectivos procedimientos” (Gobierno de Río Negro, 2015). A pesar de las expresiones de los funcionarios provinciales, los valles irrigados se han convertido en territorios de sacrificio (Svampa y Viale, 2014) y la diversidad productiva en Río Negro corre riesgo de modificarse. A ello debe agregarse la explotación de uranio en cercanías a Lamarque (municipio ubicado en Valle Medio. Al respecto Leonardo Salgado señala que “el proyecto Amarillo Grande (...) comprende tres propiedades mineras: Santa Bárbara -ubicada a unos 60 km al sur de Villa Regina-, Anit -el Bajo de Santa Rosa, a unos 100 km al sudoeste de Lamarque- e Ivana –que comprende las lagunas Tres Picos e Indio Muerto, a unos 20 km al norte de Valcheta-” (2018). En esos tres lugares la Blue Sky Uranium halló uranio7, casi nueve millones de kilos de metal radiactivo.
En este contexto es que el extractivismo y sus efectos territoriales y ambientales tienen como centro de interpelación al estado nacional y provincial. Como parte de organizaciones socio-ambientales que expresan denuncias y su oposición a la matriz de desarrollo extractivista, la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén se constituyó en una referencia desde el 2013, organizada a partir de la articulación de diferentes organizaciones sociales para hacer frente al avance de la industria hidrocarburífera en la provincia (Alonso y Trpin, 2018).
La disputa de sentido desde este espacio de articulación consiste en luchar contra lo hegemónico basado en el capitalismo, el desarrollismo evolucionista y el extractivismo, que por décadas ha indicado que es la única manera de progresar y mejorar la calidad de vida de la población. De este modo, la Multisectorial elaboró una consigna que encierra las distintas aristas de la problemática contra la cual luchan: “No al saqueo, la muerte y la contaminación (Riffo 2016:12).
Asimismo, en la zona analizada se conformó la Asamblea de Valle Medio, con el objetivo de difundir los efectos de la actividad hidrocarburífera y la minería. Por otro lado, la Asamblea No Nuclear y Movimiento Antinuclear Rionegrino “impulsaron y presentaron en la Casa de Gobierno en Viedma 1.800 planillas con más de 36.000 firmas de personas que piden la prohibición de la minería de uranio en todo el territorio provincial” (VCF, 2018), dada la afectación a los ecosistemas naturales, la pérdida de patrimonio paleontológico y arqueológico para la provincia y la alteración de los acuíferos, lo cual constituye una amenaza para las actividades agrarias según los expertos.
A pesar que las actividades hidrocarburíferas y mineras avanzan sobre los territorios, desplazando a otras actividades económicas por las cuales compite por los recursos, la producción de alimentos persiste con la profundización de la concentración y estandarización productiva.
Específicamente, retomamos el caso de la horticultura en el llamado Valle Medio de Río Negro. Dicha actividad se ha expandido en las últimas décadas para satisfacer tanto la demanda de verduras frescas a nivel regional como el abastecimiento de tomate de agroindustrias para el procesamiento. Analizamos esta tendencia como parte de la profundización de la reestructuración productiva en algunas zonas y de la mundialización de los sistemas agroalimentarios, cuyo rasgo distintivo ha sido la expansión y el control territorial de grandes empresas, temática que ha sido abordada por diversos estudios a escala nacional y latinoamericana en las últimas décadas. Tales investigaciones sociales se focalizaron en problematizar los efectos en los espacios rurales de la expansión de los complejos agroindustriales y agroalimentarios, cuyos eslabones fueron organizados por inversiones de capital internacional, desplazando a actores vulnerables y modificando y precarizando las condiciones laborales de trabajadores rurales (Gutman, 1990; Teubal, 1995; Trpin y López Castro, 2016). En la búsqueda de una integración flexible, el proceso de reestructuración productiva provoca niveles crecientes de centralización/concentración y de diferenciación en la estructura productiva, asociados a los diferentes patrones de acumulación en las distintas actividades y regiones (Bendini y Steimbreger, 2003).
Estos procesos asumen una configuración particular en el Valle Medio, un espacio productivo en el que el tomate con destino a la agroindustria constituyó históricamente el principal cultivo hortícola y su desarrollo se mantuvo en estrecha relación con la capacidad de elaboración de las plantas procesadoras de pulpa de tomate. Sin embargo, la particularidad que asume la actividad desde la década de 1990 es el liderazgo de empresas que, bajo una típica “agricultura de contrato”, establecen una relación asimétrica con los productores, lo cual se refleja en las condiciones de fijación de precios y de pago, como también en las exigencias de calidad y en los mecanismos de provisión de insumos básicos.
Por otro lado, observamos que en la producción primaria de dicha actividad, la participación de migrantes limítrofes refleja las marcas de la desigualdad en las actuales dinámicas del capitalismo, en las que los/as trabajadores/as de origen boliviano ocupan los eslabones de mayor “riesgo” de la cadena de producción de alimentos, mientras que los saberes que portan los productores de dicho origen son desvalorizados en pos del saber técnico promovido por las empresas.
Tendencias migratorias en el norte de la Patagonia
La presencia de población limítrofe de origen boliviano en el norte de la Patagonia constituye un fenómeno reciente en comparación a otras corrientes como la chilena (Radonich, Ciarallo y Trpin, 2011; Trpin, 2004). Al igual que en distintas zonas de la Argentina, la migración boliviana se caracteriza por dinamizar, entre otras actividades, la producción hortícola (Ciarallo, 2013). Cabe señalar que estudios en todo el país reflejan una tendencia creciente de expansión de la horticultura, dado el aumento del consumo interno de verduras, así como la incorporación de tecnologías y cambios en las formas de comercialización, factores que, según Pizarro (2010), favorecieron la dinámica del sector y la movilidad socio-productiva ascendente de las familias dedicadas a la horticultura. Benencia sostiene que las familias bolivianas han tenido un papel central en dichas transformaciones, al constituir “una pieza clave de la estrategia productiva necesaria para sostener el proceso de acumulación capitalista que se dio en este tipo de cultivos” (2006:138).
Tal como fuera indicado, históricamente la movilidad poblacional fue una variable demográfica relevante en el crecimiento poblacional del norte de la Patagonia (Radonich, Ciarallo y Trpin, 2011) que consideramos importante atender en vinculación a la reestructuración territorial y productiva de los valles irrigados de la provincia de Río Negro.
Según datos del Censo 2010, la población nacida en el extranjero en Argentina representaba un 4,5% del total de la población, dentro de los cuales el aporte más significativo era el de la población proveniente de Paraguay, con un 30,5%, seguida por Bolivia (19,1%), Chile (10,6%) y Perú (8,7%). De ese total de población extranjera, las provincias de Río y Neuquén concentran en conjunto al 13,7% y a pesar de algunas pocas diferencias, ambas provincias comparten una tendencia similar en cuanto a la composición por origen de estas migraciones.
En la provincia de Río Negro, del total de población extranjera para 2010, el 90,4% es proveniente de países de América, mientras que el 8,6% proviene de Europa, el 0,7% de Asia y el 0,08% de África. Al igual que en la vecina provincia de Neuquén, el aporte de población chilena es el más significativo con un 82,4%, y le sigue Bolivia con un 9,5% y Paraguay con un 2,6%. Al interior de la provincia de Río Negro, la distribución espacial de la población de migrantes es bastante heterogénea. El departamento de General Roca es el principal receptor de población extranjera, donde se concentra la mayor cantidad del total de la provincia. Allí se asienta un 64,7% de la población chilena, la cual también se encuentra en los departamentos Bariloche (23,4%) y Avellaneda (4,1%) (CNPHyV, 2010).
El 45,8% de la población de origen boliviano se encuentra en el departamento General Roca, mientras que el 18,3% se ubica en el departamento Avellaneda (coincidente con el Valle Medio) y el 11% en el departamento Adolfo Alsina. Una tendencia similar se presenta con la población paraguaya que en un 40,6% se asienta en el departamento General Roca, un 29,8% en Bariloche y un 7,4% en Avellaneda (CNPHyV, 2010).
Los datos estadísticos visibilizan algunas tendencias a considerar y que constituyen objeto de indagación en investigaciones en curso. La población migrante de origen latinoamericano tiene una presencia relevante en áreas de dinámica agraria, centralmente en el departamento de General Roca, que comprende gran parte de la región conocida como Alto Valle de Río Negro y Neuquén y en el departamento Avellaneda (Río Negro) que coincide con parte del Valle Medio de Río Negro, en la que se concentra la mayor producción de hortalizas de la provincia y en la que desarrolla la agroindustria tomatera.
Tal como se observa, las dinámicas de movilidad poblacional son diversas en la región y poseen un anclaje histórico en las transformaciones productivas delineadas por los estados provinciales. Es visible cómo a partir de los años 1960, y más decididamente en la década de 1980, las provincias de la Norpatagonia experimentaron un tránsito evidente hacia una modalidad de crecimiento basada en los beneficios derivados de la explotación de sus recursos energéticos (hidroelectricidad, petróleo y gas) que generó variaciones poblaciones. Desde la década de 1990 la privatización y desregulación de la actividad extractiva y el privilegio de la salida exportadora de los recursos multiplicaron la producción de petróleo y gas. El impacto de esta situación generó, por una parte, expectativas laborales que atrajeron a importantes grupos de migrantes internos e internacionales, mientras que la retracción productiva incrementó los niveles de desocupación en las áreas vinculadas a tal modelo de desarrollo.
Estudiar las transformaciones de estas economías regionales y su relación con los diversos actores involucrados en las últimas décadas, resulta indispensable para comprender las complejidades de la composición socio-económica regional y las tensiones por el control y uso de bienes comunes como la tierra y el agua. El abordaje de la concentración productiva desarrollada en el Valle Medio refleja parte de dichos procesos acompañado por la movilidad territorial de migrantes de origen boliviano.
Agroindustria y productores de origen boliviano
Tal como fuera señalado, en el Valle Medio persiste una dinámica agraria diversa que se observa amenazada por procesos de promoción hidrocarburífera o expansión de monocultivos como el tomate para industria, actividades que adquieren dinámicas extractivistas.
Los/as migrantes bolivianos/as juntos a sus familias son quienes, desde las últimas décadas del siglo XX, gestionan y dinamizan la actividad hortícola. En este oasis agrícola -a diferencia de la especialización productiva y comercial del Alto Valle-, es un área caracterizada por un alto grado de diversificación que concentra el 48% de superficie de la provincia de Río Negro destinada a hortalizas, destacándose el cultivo de tomate para la industria, el de cebolla para el mercado interno y para la exportación y el de verduras en fresco para mercados regionales y ferias locales. De esta manera, las familias migrantes se ven involucradas de forma individual y colectiva, en negociaciones y tensiones con agentes del Estado, empresarios agroindustriales, propietarios de predios productivos, vendedores de plantines, transportistas y comercializadores de verduras. Esta diversidad de sujetos presentes en el territorio, con desigual acceso a recursos, se entrecruzan en las trayectorias productivas de varones y mujeres.
Respecto de la producción especializada, datos de la Comisión Hortícola integrada por productores de Viedma, Río Colorado y Valle Medio informan que en la temporada 2009/10 se implantaron en la provincia de Rio Negro 2676 hectáreas con cebollas, 1895 hectáreas con tomates, 1121 hectáreas con zapallo y 500 hectáreas con papas. Estos cultivos superan ampliamente a otras especies y, tal como fuera señalado, están destinadas a exportación o industrialización. También en esta zona se cultivan aproximadamente 6.000 ha de frutales de pepita, 1.000 ha de frutas de carozo, 350 ha de frutos secos, 300 ha de vid, 4.000 ha de hortalizas y 7.000 has de forrajeras (Nievas y De Placido, 2013). Por otro lado, existe un conjunto de producciones de verduras en fresco para el consumo del mercado local y regional (Trpin, Abarzúa y Brouchoud, 2015). Cabe señalar, que la región del Valle Medio concentra el 95% de la producción de tomate, que se destina en su mayoría a la industrialización como concentrado, triturado, disecado y jugos. Según el resumen ejecutivo del Plan Hortícola Provincial 2016-2026, actualmente se destinan 1250 hectáreas para tomate para industria, concentrados en un 30% de productores de un total de 200 relevados en la zona.
El tomate con destino a la industria constituyó el principal cultivo hortícola en el Valle Medio. En los comienzos de la actividad en la década de 1930, las plantas procesadoras eran abastecidas por los productores primarios que plantaban tomate en los interfilados de los montes frutales en crecimiento. A través del tiempo solo muy pocos de estos productores se mantuvieron en la actividad, considerando que se trataba de un cultivo de transición mientras se desarrollaba el viñedo o el monte frutal. Ante la exigencia de suelos por la necesidad de rotación que demanda este cultivo, surgieron los tomateros arrendatarios. Este requerimiento favoreció el impulso del Valle Medio como zona dedicada al cultivo del tomate debido a la disponibilidad de tierras en blanco y con riego sistematizado (INTA, 1986). El tomate producido en la provincia representa el 10% de la superficie nacional implantada con esa especie.
La particularidad que asume la producción desde las últimas décadas, es el control de las distintas etapas del proceso productivo por empresas elaboradoras. Las agroindustrias, con filiales en distintos puntos del país, fueron afianzando su presencia en el Valle Medio aunque con diferencias en la cantidad de hectáreas puestas en producción, en la capacidad de procesamiento y en la incorporación de tecnología. Las tres empresas procesadoras consolidadas para la temporada 2012 eran: Arcor (ex Campagñola), Industrias Alimenticias Mendocinas (ex Canale) y Molinos Bruning (ex Parmalat), manteniéndose en la actualidad solo Arcor.
En un esquema que se define como agricultura de contrato, los productores tomateros firman acuerdos con las empresas, que los vincula por un período de cinco años. Los productores ponen sus bienes en garantía –camionetas, tractores y otras maquinarias- pero la procesadora decide la renovación de dicho contrato cada temporada. Se pacta un precio en el invierno para cobrar después de la cosecha en el mes de marzo o abril del año siguiente, asumiendo los productores primarios los riesgos por factores climáticos o sanitarios. Las empresas también tienen el control del traslado del tomate desde las chacras a las plantas elaboradoras, por lo tanto, regulan la relación entre oferta y demanda a través del flete. Tal como señala personal técnico de la Cámara de Productores, “cuando las procesadoras están saturadas, solo pasan a retirar el tomate hasta cubrir el adelanto que les dieron” (entrevista realizada en marzo de 2017).
Las empresas procesadoras entregan a los productores un “paquete tecnológico” a lo largo del proceso productivo que incluye los plantines, fertilizantes y plaguicidas, además de asesoramiento técnico. En algunos casos, los técnicos de las empresas les facilitan el acceso a la tierra para arrendar. “Son contratos leoninos” dice el profesional que asesora a la Cámara de Productores del Valle Medio, pero “viendo el lado bueno: muchos productores vienen con una mano atrás y otra adelante, fue una salida para gente que venía sin nada, no hay otra salida para producir” (entrevista realizada en diciembre de 2017).
El análisis de la producción de tomate permite observar las desiguales modalidades de la organización de su cultivo y cosecha, en las que las posibilidades de decisión por parte de los productores son casi nulas. Cabe destacar que la dinámica de la agroindustria está signada por la redefinición de estrategias empresariales para participar competitivamente en el mercado mundial y reafirmar la reproducción ampliada del capital (Steimbreger y Vecchia, 2014). En la búsqueda de una integración flexible, el proceso de reestructuración productiva provoca niveles crecientes de centralización/concentración y de diferenciación en la estructura productiva asociados a los diferentes patrones de acumulación en las distintas actividades y regiones (Bendini y Steimbreger, 2003).
En las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, gerentes de producción de la empresa señalan que el 80% de los productores integrados a la cadena son de origen boliviano y esa tendencia les garantiza “productividad y eficiencia”. Quienes han persistido a las condiciones de producción y a los volúmenes de tomate que exige la agroindustria, son productores que constituyen en su mayoría la primera generación descendiente de migrantes de origen boliviano que se dedica desde los años 1970 al cultivo en la zona, reflejando una movilidad ascendente en la cadena (Benencia, 2006). Como parte del estudio relevamos 20 horticultores que cultivan un total de 450 hectáreas destinadas exclusivamente al tomate para industria, mientras que en la última década un total similar ha quedado desplazado. Este fenómeno se relaciona a lo pautado en los contratos firmados con la empresa, a los altos costos destinados al abastecimiento de insumos y al alquiler de tierras y de maquinarias para cada temporada. Asimismo, se define como requisito de productividad el cultivo intensivo de no menos de 20 hectáreas para constituirse en un productor integrado al circuito, lo que implica contar con un capital disponible para resolver la renta de la tierra irrigada.
El sostenimiento de este circuito se relaciona con el fortalecimiento de una lógica extractivista que reactualiza una apropiación y depredación ilimitada de los bienes comunes, y desarticula las agroculturas que consideran la tierra como fuente de vida (Machado Aráoz, 2017). El cultivo de plantines desde semillas híbridas compradas en forma masiva por la empresa, el seguimiento productivo a cargo de técnicos de la agroindustria, la estandarización de calidad y la sanidad y la mecanización de la cosecha, despoja paulatinamente a los productores del control sobre su trabajo. La valorización de los saberes técnicos que no sostienen diálogos con las trayectorias laborales y productivas de la población boliviana, domestican los procedimientos en pos de la obtención de un producto escindido a las dinámicas familiares y la promoción de una masculinización del control productivo.
A diferencia del cultivo diverso de verduras frescas, en el que participan las mujeres y los/as hijos/as de origen boliviano/a (Brouchoud, 2014), en los predios destinados al tomate se observan sólo varones: ellos manejan los camiones que aguardan la descarga de tomate desde la cosechadora controlada por otros varones, el “patrón” inspecciona los procedimientos en campo, los técnicos de las empresas realizan el seguimiento de los volúmenes destinados a la empresa; quienes se reúnen a discutir precios y contratos también son sólo varones. Las proyecciones para consolidar un cultivo “sustentable y eficiente” parece ser un rasgo atribuido a ciertos productores exclusivamente varones, lo cual reafirma desigualdades en torno a las decisiones del uso de la tierra.
Desde los encuentros con personal de los niveles gerenciales de la agroindustria, registramos una mirada dual sobre los varones que se dedican a la actividad: aquellos que “son emprendedores” y buscan la “eficiencia” y los que “son tradicionales y reacios a incorporar tecnología”. Se destaca en dicha dualización las observaciones respecto a cómo aspectos “culturales” del “ser boliviano” constituyen para los circuitos empresariales una barrera para la incorporación de tecnología. Se combinan de este modo representaciones de los productores de origen boliviano como trabajadores que sostienen con sus manos la horticultura, al tiempo que dicho rasgo actuaría como una limitación para la incorporación de innovaciones, dadas sus características tradicionales de “cultura ancestral”. Las condiciones laborales en las que se desarrolla la horticultura, los contratos que acrecientan la vulnerabilidad frente a las empresas y el carácter oscilante del acceso a la tierra no son aspectos que se evalúan en la promoción de innovaciones productivas como, por ejemplo, la mecanización de la cosecha o el riego por goteo, sosteniéndose desde ciertos circuitos empresariales que los atributos culturales de los productores de origen boliviano limitan la “innovación”, replicándose una mirada estática y estereotipada de la población boliviana.
Los equipos de riego por goteo tienen un costo aproximado de 4000 dólares por hectárea, inversiones que fragmentan aún más las posibilidades de permanencia de muchos productores en dicha cadena. Las desigualdades de las condiciones productivas se culturalizan desde las argumentaciones empresariales. Asimismo, algunos empresarios y contratistas sostienen que la producción del tomate “no podría sostenerse sin la migración boliviana”, aludiendo al uso intensivo de su tiempo y de su cuerpo en una actividad a la que se dedican “de sol a sol”. Uno de los transportistas que traslada la cosecha desde los predios productivos a la planta de procesamiento, señalaba que “no paran de trabajar, terminan el tomate y van a descolar cebollas, acá son los que manejan la actividad y después van y trabajan de empleados, o cosechan tomate para alguna vecina que quiere envasar salsa en su casa” (notas de trabajo de campo tomadas en marzo de 2018).
Las posibilidades de capitalización de los productores se sostienen con fluctuaciones “algunos años se pierden, otros salimos bien”, lo cual depende de los riesgos del clima porque, según señalan, “con una lluvia fuerte se echa a perder todo” que deriva en complicaciones en los volúmenes vendidos a la agroindustria. Los estrechos márgenes de negociación con la empresa implican constituirse en un productor “exitoso” que logra adecuarse a las demandas y controles de calidad y sanidad pautados por la empresa, o “corres el riesgo que te manden los camiones con tomate de nuevo si están con agroquímicos que no te permiten” sostuvo uno de los productores (entrevista realizada en marzo de 2017). El monocutlivo se instala como una modalidad productiva que tiende a desplazar los usos de la tierra desde el cultivo de alimentos frescos y desde los saberes y estrategias familiares.
Conclusión
En territorios que tienden a sostener modelos de desarrollo extractivistas, observamos cómo migrantes de origen boliviano han persistido en los eslabones primarios de la cadena. En otros estudios hemos analizado cómo los/as migrantes integran mercados de trabajo precarizados y circuitos de mercantilización informales, mientras que en el caso abordado los productores logran integrarse en una condición de subordinación con las agroindustrias.
Los aprendizajes adquiridos durante dos generaciones en relación a la actividad hortícola, consolidó una configuración territorial amenazada por el avance del desarrollo hidrocarburífero y la minería. El uso de la tierra y del agua para sostener la producción de alimentos se dirime en una dinámica cada vez más excluyente y exclusiva para algunos productores/varones bolivianos y su descendencia, que proyectan sus posibilidades de ascenso social despojándose de la valoración de sus saberes construidos en sus trayectorias.
Los conocimientos transmitidos familiarmente y que sostenían una vinculación con la tierra desde la diversificación de cultivos, van perdiendo espacio frente al monocultivo intensivo y a escala. Cabe destacar que muchos de los saberes referidos al sostenimiento de cultivos diversos son transmitidos y recreados por las mujeres bolivianas en circuitos pequeños de la producción familiar y la venta de verduras frescas en ferias locales. El extractivismo masculinizado como modelo de intervención sobre la tierra se expande como única posibilidad de desarrollo y de fuente de recursos, aun cuando es sostenido -con los mayores riesgos- desde los eslabones primarios de la cadena.
Hemos observado que la concentración de la aplicación de los paquetes tecnológicos genera condiciones de “territorios de exclusión” con migrantes “integrados” económicamente. Se impone en el espacio una posición dominante que concentra la distribución de semillas, plantines, fertilizantes y agroquímicos, así como el precio del producto cultivado frente a productores que sólo ofrecen la producción primaria. Los contratos con las agroindustrias y la estandarización de la producción cambian las formas de producir, intervienen en los mecanismos de negociación y modelan/excluyen las prácticas de los productores.
Los criterios de rentabilidad son impuestos desde las firmas industriales, no contemplándose las necesidades y problemáticas de los productores. En el caso desarrollado, el propio Estado es considerado “un socio estratégico” que acompaña la apropiación de empresas privadas de la mayor parte de los excedentes generados por la actividad, desincentivando o más bien generando políticas diferenciadoras para la horticultura que se dirimen entre el monocultivo y la diversificación en fresco.
Las transformaciones señaladas expresan una diferenciación interna al conjunto de los productores que profundiza la fragmentación social existente. Las prácticas políticas e institucionales que sostienen la modernización de la agricultura, orientan la actividad en virtud de los intereses de ciertos segmentos de agricultores desde una lógica en que la modernización implica entre otros aspectos “una domesticación, una civilización. La promoción de una agricultura, racional, progresiva, fundada en bases científicas, supone la superación del atraso, de la rutina, de la baja productividad” (Castiglioni y Diez, 2011:49). Estos mecanismos de control involucran la legitimidad de un saber técnico superior al “tradicional” encarnado por productores de origen migrante, plasmado en nuevas formas producir, con asesoramientos de técnicos relacionados con la venta, suministro o control de productos “habilitados” por las empresas.
Estas profundas transformaciones productivas asociadas, por ejemplo, a la adopción tecnológica, han generado a nivel discursivo la reciente distinción entre productores tradicionales y aquellos que “apuestan a las inversiones”, siendo estos últimos quienes han logrado una inserción competitiva por un conjunto de cambios que se engloban en el término “eficiente” y que comprenden la reconversión, la inversión en tecnología y la información técnico-comercial (Trpin y Alvaro, 2014).
Más allá del desafío que implica para los productores sostener su inserción en la actividad, la implementación de la relación contractual entra en fuerte contradicción con los intereses de los propios productores primarios, sus formas de producir y los niveles de productividad del trabajo que alcanzan. Es por ello que la reticencia a realizar inversiones en, por ejemplo, riego por goteo, puede vincularse no sólo a las posibilidades/imposibilidades de invertir capital en tierra que en general alquilan sólo por dos o tres años, sino también a un modo de expresar una resistencia a las estandarizaciones productivas. Los productores oscilan permanentemente entre opciones productivas dentro de la actividad hortícola, reflejando la configuración de territorialidades que no son articuladas en forma exclusiva por las agroindustrias (Trpin, Abarzúa y Brouchoud, 2015).
El análisis de la producción de tomate permite reflexionar sobre los nuevos modos de producir alimentos en los cuales no quedan habilitados los saberes provenientes de las “agroculturas” (Machado Aráoz, 2017) transmitidos en circuitos no controlados por las empresas agroindustriales. Las prácticas productivas basadas en la disolución del sujeto productor/portador de conocimiento para transformarlo en un ejecutor de prácticas depredatorias y estandarizadas expropia de los sujetos de sus historias, de sus experiencias migratorias, e instala a los cultivos en una lógica que uniformiza los territorios. En contextos de histórica movilidad poblacional, los productores migrantes son despojados de sus historias enraizadas en la tierra y son culturalizadas sus prácticas para legitimar las desigualdades en esta dinámica productiva.
Constituye un desafío para la investigación en curso profundizar las transformaciones de las economías regionales en el Norte de la Patagonia y su relación con los actores involucrados con orígenes migratorios diversos, para comprender las complejidades de la composición socio-económica regional y las tensiones por el control y uso de bienes comunes como la tierra y el agua en contextos extractivistas.
Referencias bibliográficas
Alonso, Graciela y Trpin, Verónica (2018), “Territorios y cuerpos en el norte de la Patagonia: desafíos teóricos y metodológicos en tiempos de extractivismo, en: REMS - Revista de Estudios Marítimos y Sociales [En línea], Mar del Plata, Año 11 N°12. Disponible en: https://estudiosmaritimossociales.org/archivo/rems-13/dossier-alonso-trpin/. (Consultado el 16 de octubre de 2018).
Álvarez Mullally, Martín (2015), Alto Valle perforado. El petróleo y sus conflictos en las ciudades de la Patagonia Norte, Buenos Aires, OPSur-Editorial Jinete Insomne.
Álvarez, Martín y Cabrera, Fernando (2017), “Millonaria sanción a YPF por derrame en Allen”, en: Diario 8300. Disponible en: http://www.8300.com.ar/2017/05/24/millonaria-sancion-a-ypf-por-derrame-en-allen/). (Consultado el 20 de junio de 2017).
Álvaro, María Belén, Vicens, Estefani y otros (2018), “Transformaciones a la reproducción de la vida en contextos neoextractivistas. Las mujeres de zonas rurales en Allen, Río Negro”, en RevIISE. San Juan, Vol.11 N°11. pp. 189 - 202.
Bendini, Mónica y Steimbreger, Norma (2003), “Empresas agroalimentarias globales: trayectoria de la empresa líder de frutas frescas en Argentina”, en: XXIV International Congress of Latin American Studies Association. The global and the local. Rethinking Areas Studies, Dallas.
Benencia, Roberto (2006), “Bolivianización de la horticultura en la Argentina. Procesos de migración transnacional y construcción de territorios productivos”, en: Grimson, Alejandro y Jelin, Elizabeth (comp.), Migraciones internacionales en la Argentina. Diferencia, desigualdad y derechos, Buenos Aires, Prometeo, pp. 135-167.
Brouchoud, Silvia (2014), “Mujeres migrantes en la horticultura del Valle Medio de Río Negro”, en: I Jornadas Interdisciplinarias de Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales, UNSAM, Buenos Aires.
Castiglioni, Guillermo y Diez, Carolina (2011), “Construcción del “productor moderno” desde las empresas tabacaleras”, en: KULA. Antropólogos del Atlántico Sur, N°5, pp. 45-60.
Ciarallo, Ana (2013), “Tensiones, resistencias y desigualdades en los nuevos escenarios de la horticultura en el norte de la Patagonia argentina”, en: Trpin, Verónica, Kreiter, Analía y Bendini, Mónica (coords.), Abordajes interdisciplinarios en los estudios agrarios. Desafíos de la investigación social en el norte de la Patagonia, General Roca, Publifadecs, pp. 131-149.
CNPHyV, (2010). Disponible en: http://www.estadisticaneuquen.gob.ar/index.php?sec=publicaciones_sociales. (Consultado el 5 de diciembre de 2017).
Gobierno de Río Negro. Secretaría de Estado de Energía (2015). Disponible en: https://www.rionegro.gov.ar/?contID=26387. (Consultado el 25 de febrero de 2018).
Gutman, Graciela (1990), “Industrias agroalimentarias en la Argentina”, en: Revista Realidad Económica, N°95, pp. 57-76.
INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) – Estación experimental Agropecuaria Alto Valle (1986), Diagnóstico regional. En mimeo.
Machado Aráoz, Horacio (2010), “Territorio, colonialismo y minería transnacional: Una hermenéutica crítica de las nuevas cartografías del imperio”, en: III Jornadas del Doctorado en Geografía, La Plata.
Machado Aráoz, Horacio (2011), “El auge de la minería transnacional en América Latina. De la ecología política del neoliberalismo a la anatomía política del colonialismo”, en: Alimonda, Héctor (coord.), La naturaleza colonizada: ecología política y minería en América Latina, Buenos Aires, CLACSO, pp. 135-179.
Machado Aráoz, Horacio (2017), “Extractivismo, neocolonialismo y cuerpo-territorio2, en: I Jornadas Cuerpo y territorio en contextos neodesarrollistas, Universidad Nacional del Conahue, Neuquén.
Neves, Delma Pessanha (1987), “As políticas agrícolas e a construção do produtor moderno”, Ciências Sociais Hoje, São Paulo, Ampocs/Vértice.
Nievas, Walter y De Plácido, Segismundo. (2013), La planificación estratégica en el Valle Medio de Río Negro. Una experiencia de participación con productores y técnicos, Río Negro, INTA- EEA, Valle Medio.
OPSUR (Observatorio Petrolero Sur) (2013). Disponible en: http://www.opsur.org.ar/blog/2013/09/11/que-es-el-fracking-y-cuales-son-los-peligros-en-argentina/. (Consultado el 21 de junio de 2018).
OPSUR (Observatorio Petrolero Sur) (2018), “Apuntes conceptuales y metodológicos para el debate”, documento de trabajo interno.
Perez Roig, Diego (2014), “Fracturando Argentina. Promoción y resistencias al avance de los ‘hidrocarburos no convencionales”, en: Composto, Claudia y Navarro, Mina Lorena (comps.), Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina, México, Bajo Tierra Ediciones, pp. 149-167.
Pizarro, Cynthia (2010), “Ruralidades emergentes en áreas periurbanas de los Partidos de Escobar y Pilar”, en: Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, Nº 33, pp. 87-127.
Quijano, Aníbal (2000), “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en Edgardo Lander (comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO, pp. 201-246.
Radonich, Martha, Ciarallo, Ana y Trpin, Verónica (2011), “Chilenos y bolivianos en la conformación de territorios en áreas rurales del Alto Valle de Río Negro, Argentina”, en: Pizarro, Cynthia (comp.), Migraciones internacionales contemporáneas. Estudios para el debate, Buenos Aires, Editorial CICCUS, pp. 379-400.
Riffo, Lorena (2016), “Hidrocarburos, fracking y resistencias sociales. Un análisis social de las políticas hidrocarburíferas contemporáneas en Argentina desde la provincia de Neuquén”, en: Actuel Marx Intervenciones, N°20, pp. 71-94.
Salgado, Leonardo (2018), “El negocio del uranio”, en: App (Agencia periodística patagónica). Disponible en: http://appnoticias.com.ar/app/el-negocio-del-uraniopor-leonardo-salgado/. (Consultado el 22 de septiembre de 2018).
Steimbreger, Norma y Vecchia, María Teresa (2014), “Estudios de empresas. Trayectorias comparadas en la fruticultura del norte de la Patagonia”, en: Trpin, Verónica, Kreiter, Analía y Bendini, Mónica (coords.), Abordajes interdisciplinarios en los estudios agrarios. Desafíos de la investigación social en el norte de la Patagonia, General Roca, Publifadecs, pp. 247-276.
Svampa, Maristella y Viale, Enrique (2014), Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo, Buenos Aires, Editorial Katz.
Teubal, Miguel (1995), Globalización y expansión agroindustrial: ¿superación de la pobreza en América Latina?, Buenos Aires, El corregidor.
Trpin, Verónica y Álvaro, María Belén (2014), “Condiciones productivas locales y exigencias para la comercialización. Transformaciones en la fruticultura del norte de la Patagonia argentina”, en: Revista Pampa, Nº 10, pp.193-217.
Trpin, Verónica y López Castro, Natalia (2016), “Estudios sociales sobre la estructura agraria de la Argentina (2000-2014)”, en: Álvarez Leguizamón, Sonia; Arias, Ana y Muñiz Terra, Leticia (coords.) Estudios sociales sobre la Estructura Social Argentina en la Argentina contemporánea, Buenos Aires, CLACSO, pp. 215-331.
Trpin, Verónica y Rodríguez, Daniela (2017), “Transformaciones y tensiones en territorios productivos del norte de la Patagonia” en: X Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Buenos Aires, UBA.
Trpin, Verónica (2004), Aprender a ser chilenos, Buenos Aires, Antropofagia.
Trpin, Verónica, Abarzúa Flavio y Brouchoud, Silvia (2015), “Producción de tomate para industria en el Valle Medio de Río Negro: una perspectiva desde los actores involucrados”, en: Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, N° 42, pp. 5-25.
Trpin, Verónica, Kreiter, Analía y Bendini, Mónica (coords.), (2014), Abordajes interdisciplinarios en los estudios agrarios. Desafíos de la investigación social en el norte de la Patagonia, General Roca, Publifadecs.
VCF (Va con Firma), (2018), “Uranio: otra vez la explotación minera y nuclear en debate”. Disponible en: http://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_1276/id_7384/uranio-otra-vez-la-explotacian-minera-y-nuclear-en-debate. (Consultado el 22 de septiembre de 2018).
Wagner, Lucrecia y Pinto, Lucas (2013), “Ambientalismo (s) y bienes naturales: desafíos al extractivismo en Argentina y Brasil, en: Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales, Nº 14, pp. 69-94.
Entrevistas
Entrevista a J. A, Luis Beltrán, 4 de marzo de 2017. Entrevistador: Flavio Abarzúa.
Entrevista a A. S., Coronel Belisle, 27 de febrero de 2018. Entrevistadora: Verónica Trpin.
Entrevista a S. C., Choele Choel, 20 de junio de 2017. Entrevistador: Flavio Abarzúa.
Entrevista a S C., Luis Beltrán, 27 de febrero de 2018. Entrevistadora: Verónica Trpin.
1 Doctora e investigadora del IPEHCS (Instituto Patagónico en Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales-CONICET-UNCo). Correo electrónico: vtrpin@hotmail.com
2 La categoría “bienes comunes” contrarresta la visión utilitarista de los bienes de la naturaleza como mercancía y como recursos para las actividades económicas. Se entiende así que la denominación “bienes comunes” excede a la de recursos naturales, ya que estaría considerando también su valor simbólico, de existencia y de legado (Wagner y Pinto, 2013).
3 Retomamos a Machado Aráoz (2011), quien señala que el extractivismo está marcado por nuevos dispositivos y tecnologías de “subordinación de la naturaleza”, conflictos socio-ambientales y culturales y tensiones entre fenómenos de globalización y localización.
4 Actualmente se dirige el Proyecto de Investigación “Trayectorias migratorias y laborales en territorios rurales y urbanos del Norte de la Patagonia”, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue.
5 El método no convencional para extraer hidrocarburos es conocido como fracking o fractura hidráulica. La técnica consiste en hacer algo parecido a lo que hizo la naturaleza: romper la roca, generar la mayor cantidad de fisuras posibles para poder liberar el petróleo o el gas y que éste pueda ser extraído. Esto se denomina fracking o fractura hidráulica, porque se hace a través de agua y productos químicos a muy alta presión, y es la técnica que implementa Estados Unidos hace aproximadamente 10 años y que tantos impactos ambientales ha causado. En Argentina se empezó a aplicar en Vaca muerta, Neuquén (OPSUR, 2013).
6 Luego de una denuncia realizada por vecinos en octubre de 2016 por derrame de hidrocarburos en una zona rural de Allen, YPF deberá pagar un total de $ 2.500.000. El hecho ocurrió en octubre del 2016, pero se conoció varias semanas después. Originalmente YSUR, subsidiaria de YPF, había informado sobre un derrame “menor” de agua dulce. El Departamento Provincial de Agua (DPA), por su parte, certificó que fueron 240.000 litros de agua de inyección con alto grado de salinidad y con valores altamente tóxicos para los cultivos y las napas. Además, contaba con presencia de hidrocarburos (Álvarez y Cabrera, 2017).
7 La empresa canadiense Blue Sky Uranium Corp, perteneciente al Grosso Group Management, cuenta con derechos mineros exclusivos sobre 434.000 hectáreas en Río Negro y Chubut y trabaja en un proyecto de extracción de uranio desde el año 2012. El proyecto o propiedad insignia es el denominado Amarillo Grande que abarca un área de 287.000 hectáreas en la región central de Río Negro.